El JK5022 indemnizado como accidente de tráfico

El JK5022 indemnizado como accidente de tráfico

La aseguradora Mapfre ha sido condenada por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid a indemnizar a las víctimas del JK5022 como accidente de tráfico. La compañía que asegura a Spanair tendrá que compensar a las familias de 33 de los fallecidos y a un superviviente según los baremos marcados para accidentes de tráfico con la particularidad de que las indemnizaciones se verán aumentadas en un 50%.

Es la tercera sentencia que se dicta en los procesos abiertos contra la aseguradora de Spanair. Estos procesos fueron abiertos por las familias de los ocupantes de la aeronave JK5022, que se estrelló el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas cuando estaba despegando dirección Gran Canaria. El avión se precipitó a la pista de aterrizaje al poco de tomar vuelo al no poder obtener la velocidad suficiente para evitar perder altura, chocando contra el suelo y partiéndose en dos pedazos que fueron sacudidos por una explosión posterior. La aseguradora tendrá que conceder indemnizaciones por un total de 5 millones de euros, en lugar de los 43 millones que exigían los demandantes, unos 2 millones de euros por persona en algunos casos. Para demandar estas cifras los familiares de las víctimas se acogían al Convenio Internacional de Montreal, que dicta irresponsabilidad “ilimitada” de una aerolínea en caso de accidente.

Sin embargo el juez Jorge Montull les recordó que pese a ello hay que aplicar las reglas vigentes de valoración del daño, y que el Tribunal Supremo aceptó que el baremo de los accidentes de tráfico podía usarse como referencia para calcular indemnizaciones por accidentes en otro tipo de supuestos relacionados con otros medios de transporte distintos a los automóviles. En otras ocasiones este baremo se ha llegado a usar para casos médicos y de tabaquismo.

Asimismo, el magistrado ha puesto otros ejemplos como el del juzgado de Primera Instancia de Zaragoza que se hizo cargo del accidente del Yak-42, una aeronave militar que se precipitó al vacío en Turquía causando la muerte de los 62 militares que volvían a España desde Afganistan en dicho avión. En aquella ocasión, el juzgado de Zaragoza admitió no poder encontrar razones para valorar de forma distinta la vida de alguien que la perdió en el camping de Biescas de forma distinta que la de alguien que la perdió en el Yak-42, por lo que fijó las indemnizaciones en unos 180.000€  en vez de en el cerca de millón de euros por fallecido que pedían los familiares de las víctimas.

Sin embargo, el juez Montull está de acuerdo en que el baremo para accidentes de tráfico no puede aplicarse tal cual por su falta de adecuación a la realidad social. Este déficit ya fue reconocido por el Consejo de Ministros, que introdujo la propuesta de aumentar en un 50% las indemnizaciones por muerte en el cambio de normativa que se hará vigente el 1 de enero de 2016. La sentencia formal dice que aunque la norma no está aprobada aún justifica su aplicación en que el baremos se aplica de forma orientativa y adecuándola a la realidad social, por lo que no tendría sentido no tenerla en cuenta a la hora de  tomar una decisión con respecto a las indemnizaciones. Asimismo, reconoció que el daño producido por fallecimientos en un accidente de avión es mayor al de un fallecimiento por siniestro en carretera debido a la mayor repercusión pública del primero con respecto al segundo.

Mapfre ofrecía un plus del 20%, a lo que el magistrado se negó y concedió un aumento del 50%. Además, en este juicio se valoraban las reclamaciones tanto de pasajeros individuales como de familias de cuatro miembros que fallecieron en el mismo avión. Los demandantes han sido indemnizados con cantidades que oscilan entre los 7.483€ y los 448.124€ según el grado de parentesco con la víctima fallecida. El único superviviente que demandó ha sido compensado con 665.802€.

Mapfre ha asegurado en un comunicado oficial que pagará de inmediato las indemnizaciones, a las que hay que añadir un interés de demora por no adelantar a tiempo el importe mínimo exigible. Este interés será del 50%, que es el interés legal del dinero. A estas fechas, la aseguradora ya se habrá hecho cargo del 80% de las indemnizaciones, por lo que habrá tenido que desembolsar más de 30 millones de euros.