Indemnización por amputación

Indemnización por amputación

Indemnización por amputación en accidente de tráfico suele ser más complicada de calcular, porque son muchos los factores a tomar en cuenta cómo por ejemplo los gastos futuros.

En accidentes de tráfico graves, una de las lesiones que puede tener la víctima es la amputación de alguna o varias extremidades. Siendo  más frecuente en los accidentes de motocicleta, donde el motorista sufre directamente el impacto del golpe. En un atropello o incluso un accidente de bicicleta también puede sufrir la víctima la amputación de algún miembro.

En estos casos, la reclamación que puede corresponder a la víctima suele ser alta, porque además de lo que le pueda corresponder por la lesión en sí, el tiempo de tratamiento y las secuelas tanto funcionales como estéticas que le hayan quedado, va a tener que tramitar una incapacidad, que en la mayoría de las ocasiones es total o absoluta para el desempeño de las actividades propias de su vida diaria.

Es por ello que, en estos supuestos, y dado que las compañías de seguros van a tratar de ofertar una indemnización menor de la que realmente pueda corresponder a la víctima, y teniendo en cuenta la delicada situación en que va a quedar la víctima, es muy importante contactar cuanto antes con LegalCar que ayude a la víctima desde el primer momento la reclamación.

LA INDEMNIZACIÓN POR AMPUTACIÓN

La indemnización por amputación se calcula en base a los dispuesto en el baremo de tráfico, que por su complejidad y necesidad de conocimientos específicos va a requerir la valoración y ayuda de LegalCar.

En primer lugar, debe computarse en primer lugar el tiempo en que el lesionado tarda en estabilizarse (lesiones temporales), que puede dividirse en días muy graves (UCI), graves (hospital), moderados (impeditivos) y básicos (no impeditivos o de curación).

Después se valora el Perjuicio Particular (Tabla 2.A del baremo), que incluye las secuelas, los daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, el perjuicio estético, y el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida.

Por otro lado hay que valorar el perjuicio patrimonial, dentro del que se incluye por un lado el daño emergente (Tabla 2.c), que contempla los gastos de asistencia sanitaria futura (como pueden ser las prótesis, la rehabilitación, las ayudas técnicas, la adecuación de vivienda o los costes de movilidad), y por otro lado el lucro cesante, que supone una compensación económica por no poder volver a realizar su trabajo como antes del siniestro, y que se valora en función de si la víctima estaba o no trabajando a fecha del accidente.

CUANTÍA DE LA AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES

Cerca del 40% de las amputaciones que se producen en España se deben a accidentes de tráfico. El tipo de amputación va a condicionar la cuantía a percibir, pues no es igual sufrir, por ejemplo, una amputación de la pierna a la altura de la rodilla, que a nivel de cadera.

Las cuantías que van a determinar el importe de la amputación de extremidades se valoran de conformidad con lo dispuesto en el baremo de tráfico, que recoge cada uno de los supuestos que pueden darse con este tipo de lesión.

Debe tenerse en cuenta, además, que en la Ley 35/2015 se recoge, además, la obligación de la aseguradora obligada a indemnizar, de hacerse cargo de todos los gastos futuros que pueda tener el perjudicado en cuanto a rehabilitación y prótesis, o incluso silla de ruedas (en supuestos en los que no es posible colocar una prótesis) durante toda su vida.

La cuantía a percibir por una amputación debe incluir, por un lado, las lesiones temporales, que se refiere a los días que haya tardado en estabilizarse la lesión en sí. Por otro lado, deben valorarse las secuelas, que pueden ser funcionales (y dependerán del tipo de amputación sufrida) o estéticas.

Además, se valora el denominado perjuicio patrimonial, dentro del que se incluye el daño emergente y por lucro cesante, incluyéndose todos los gastos derivados de la atención sanitaria del perjudicado.

Y por último se tienen en cuenta los gastos futuros que va a necesitar la víctima, que como es natural, sufre un drástico cambio de vida que afecta no solo al propio lesionado, sino además y normalmente, a sus familias, debido a las limitaciones que va a padecer a partir de ese momento.

¿TIENES DERECHO A UNA PENSIÓN?

Es fácil imaginar que la amputación de una extremidad genera para la víctima una incapacidad derivada de la situación en la que queda una vez que sus lesiones están estabilizadas, y que dicha incapacidad depende de esa situación concreta en ese caso concreto.

Normalmente los procesos curativos de una lesión de este tipo se alargan en el tiempo e implican largos periodos de baja laboral de la víctima. El tiempo máximo de duración de una baja laboral es de 18 meses, y a partir de ese momento se pasa al control por parte del Tribunal Médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social, que va a reconocer a la víctima, valorar su documentación médica y emitir un Dictamen que puede recoger tres opciones: emitir el alta médica, iniciar un expediente de incapacidad permanente o de manera excepcional esperar otros seis meses para valorar la calificación de la incapacidad.

Hay tres tipos de incapacidad: parcial (limitación parcial de la víctima para realizar sus trabajo u ocupación habitual), total (limitación total para realizar todas o las tareas más importantes de su trabajo habitual), y absoluta (limitación absoluta para realizar cualquier trabajo u ocupación).

Aparte de lo anterior, existe la gran invalidez, que más que una incapacidad, se trata de aquella situación en la que, debido a las limitaciones físicas y funcionales sufridas por el lesionado, el mismo necesita de la ayuda de terceras personas para realizar las tareas básicas de la vida diaria (lavarse, vestirse, comer, etcétera).

La gran invalidez se solicita ante el Organismo que corresponda de la Seguridad Social, y es necesario que la víctima esté dada de alta en la misma a fecha del siniestro. Una vez dictada la Resolución que proceda, el importe de la pensión depende de la incapacidad que se haya concedido y de la base reguladora del perjudicado.