Ley de asistencia jurídica gratuita

Ley de asistencia jurídica gratuita

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está directamente relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo ciudadano y que se recoge en el artículo 21 de la Constitución Española. ¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?

Asimismo, en el artículo 119 de la Constitución se recoge el beneficio de la justicia gratuita para todos aquellos que acrediten una “insuficiencia de recursos para litigar”.

El servicio es prestado por la Administración para asegurar ese derecho a la tutela judicial efectiva y sus beneficiarios pueden así litigar en un procedimiento judicial sin que su carencia de ingresos para pagar los servicios de un abogado se convierta en un inconveniente, y que de esa forma se encuentre en igualdad de condiciones para poder defender sus derechos.

El Colegio de Abogados que corresponda designará a un letrado dentro de los que se encuentran en el denominado Turno de Oficio (y cualquier otro profesional que hiciera falta), o puede designarlo el propio solicitante, y los honorarios del abogado serán satisfechos por la Administración.

En los Colegios de Abogados existe el denominado Servicio de Orientación Jurídica, donde se asesora a quienes solicitan el beneficio de la justicia gratuita sobre si su reclamación o problema requiere un abogado de oficio o si puede dirigirse a otro tipo de organismo o entidad para resolverlo. Además, se les informa sobre los requisitos que deben cumplir las solicitudes, qué tipo de jurisdicción es competente para conocer del asunto en concreto (civil, penal, contenciosa, etcétera) y qué juzgado debe conocer del asunto por la competencia territorial, interviniendo también en el proceso para la designación del abogado que corresponda.

¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA?

Pueden solicitarla por un lado los ciudadanos españoles, los ciudadanos nacionales de cualquier Estado de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, siempre que acrediten la insuficiencia de recursos para litigar.

Por otro lado, pueden también beneficiarse de la justicia gratuita aquellas asociaciones de utilidad pública recogidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo Reguladora del Derecho de Asociación, y las fundaciones inscritas en el Registro que corresponda, y que igualmente acrediten la insuficiencia de recursos para litigar.

En el ámbito de la jurisdicción penal, administrativo previo y contencioso administrativo, pueden solicitar la justicia gratuita los ciudadanos extranjeros, incluso si no residen en España legalmente, siempre que demuestren que no disponen de recursos económicos para litigar.

Y también puede solicitarse, al margen de que se disponga o no de recursos para litigar, en otros supuestos concretos como son en el ámbito de la jurisdicción social, los que sean trabajadores y beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, así como las víctimas de géneros, terrorismo y trata de seres humanos, menores de edad y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de situaciones de maltrato o abusos.

Por último, pueden también beneficiarse de la justicia gratuita independientemente de los recursos para litigar todos aquellos que a consecuencia de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impiden totalmente realizar las tareas propias de su profesión o trabajo habitual o necesiten la ayuda de terceras personas para realizar las tareas básicas de la vida diaria, siempre que el objeto del pleito a interponer sea la reclamación de la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios sufridos en el accidente.

¿QUÉ PRESTACIONES INCLUYE EL BENEFICIO DE LA JUSTICIA GRATUITA?

Las prestaciones se indican en el artículo 6 de la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, y quien la solicita puede pedir varias o todas las prestaciones, tales como el asesoramiento y la orientación previa, la defensa por abogado y representación por procurador, la asistencia de perito en el procedimiento judicial, el pago de las tasas o depósitos que sean necesarios para poder interponer recursos, o una reducción del 80% en los aranceles por obtención de testimonios y copias, escrituras públicas, o por notas o certificaciones en los Registros Mercantil o de la propiedad.

¿Qué ingresos debo tener para optar al Beneficio de la Justicia Gratuita?

El solicitante, tiene que tener unos ingresos brutos anuales que no superen lo indicado en el artículo 3.1 de la Ley de Justicia Gratuita, con la reforma de la Ley 42/2015 de 5 de octubre. Se toma como referencia para calcular si esos ingresos permiten beneficiarse de la Justicia Gratuita el IPREM, publicado por el Gobierno, y que es el indicador público de renta de efectos múltiples.

Tomando el IPREM como referencia, los ingresos del solicitante no pueden superar:

  • Dos veces el IPREM vigente en el momento en el que se realiza la solicitud de justicia gratuita, en el caso de aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar.
  • Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de realizar la solicitud siempre que se trate de personas que se encuentren integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
  • El triple del IPREM en el caso de unidades familiares que estén formadas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida la condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente sobre ello.

Durante el procedimiento judicial, el solicitante no puede cambiar de abogado, de la misma forma que el abogado no puede dejar de asumir la defensa encomendada. Asimismo, no hace falta volver a solicitar la Justicia Gratuita en el caso de querer recurrir la sentencia que se haya dictado en el procedimiento puesto que la misma tiene efectos tanto en la Primera Instancia como en la Apelación, y en ejecución de sentencia si esta se produce dentro de los dos años siguientes al dictado de la misma.

¿Qué hago si he tenido un accidente de tráfico y tengo que reclamar una indemnización judicialmente?

Las víctimas de accidentes de circulación deben estar siempre bien asesoradas por un abogado para accidente de tráfico, que cuentan con una especialización específica en la materia, ya que como en cualquier otra rama del derecho, un abogado generalista no va a dar el mismo servicio al perjudicado que uno que se dedique de manera exclusiva a la responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación.

Es importante tener en cuenta, además, que las pólizas de seguro contienen la cobertura por defensa jurídica, que cubren, en todo o en parte, los gastos del abogado particular que designe para su defensa, por lo que no va a tener que adelantar cantidad alguna, ya que, además, los abogados dedicados a esta especialidad no cobran por adelantado ni piden provisiones de fondos, y funcionan a resultados, porque sus honorarios van a depender de la indemnización que consigan para el cliente, parte o todo de los cuales serán abonados por la compañía según la defensa jurídica con la que cuente . Lo importante es la especialización, y que la víctima esté apoyada y ayudada por un abogado para accidente desde el primer momento.

En el caso de alcoholemias o positivo en drogas, se aplican los mismos preceptos, los denunciados suelen creer que tienen el derecho de optar a la ley de seguridad gratuita, sin importar sus ingresos, pero debes tomar en cuenta que si superas los importes permitido, el abogado te minutará de acuerdo a lo que indica el Colegio de Abogados, pudiéndote salir mucho más caro que contratar un abogado para alcoholemias, además el abogado puede no ser especialista en este tipo de trámites.

LEGALCAR ABOGADOS

En LEGALCAR ABOGADOS llevamos más de 20 años defendiendo el interés del perjudicado por un accidente de circulación, y ofrecemos un asesoramiento inicial gratuito y sin compromiso para que la víctima esté informada de los derechos que le asisten antes de interponer una reclamación contra la compañía de seguros demandando la indemnización que le corresponda.