Tasas judiciales

Tasas judiciales

El 27 de febrero de 2015 se aprobó en el Consejo de Ministros la supresión del pago de las tasas judiciales para las personas físicas, una medida muy esperada desde el sector legal y por la ciudadanía.

La retirada de las tasas judiciales, tres años después de su implantación, representa un cambio importante en las reclamaciones de indemnizaciones por accidentes de tráfico. De esta manera, cuando se interpone una denuncia contra el conductor del vehículo que ha propiciado el accidente, no es necesario pagar tasa judicial alguna.

La reclamaciones judiciales por accidentes de tráfico en un procedimiento civil superan en la mayoría de los casos los 6.000 euros, una cantidad que no se encuentra al alcance de muchas personas que sufren un accidente de tráfico. Este desembolso incluye el importe de la pericial médica, los gastos de procurador y abogado, el poder general para pleitos y la citada tasa, requisito previo a la interposición de la demanda civil.

Debido a esto, muchas víctimas de accidentes de tráfico terminaban por dejar de lado la reclamación para conseguir la indemnización, una circunstancia que da un giro radical con la supresión de la tasa judicial. Aunque siguen teniendo que abonar los gastos derivados del pago del procurador, abogado y perito médico, ya no tienen que hacerse cargo de la tasa para la defensa de sus derechos como víctimas.

Asimismo, hay que señalar que actualmente más del 75% de los accidentes de tráfico con fallecidos o heridos se juzgan como faltas de acuerdo con el Código Penal vigente. Si la reforma de éste se hace efectiva,  la víctima de un accidente de tráfico estará obligada a reclamar por vía civil.

Esto trae consigo otra consecuencia, y no es otro que la víctima que no tiene a su alcance los medios para hacer frente al pleito civil, tenga que terminar aceptando la oferta de la aseguradora, que suele ser muy inferior a lo que realmente le corresponde.

Personas físicas

La revisión y posterior retirada del sistema de tasas judiciales para las personas físicas fue anunciado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, una medida que implantó el ex ministro Gallardón.

Catalá ha recalcado que esta medida no afecta a las pequeñas y medianas empresas, las cuales también estaban exentas de pago antes de la ley de Gallardón, por lo que no se atiende así a una de las reivindicaciones provenientes de diferentes colectivos relacionados con la Justicia.

Sin embargo, el ministro de Justicia sí hizo alusión a que las medidas adoptadas responden a la “reivindicación” de la totalidad de los profesionales que solicitaban la supresión de las tasas judiciales. También indicó que no hay clara constancia de la influencia de las tasas en la disminución de la litigiosidad, ya que factores como la crisis  también han podido intervenir en este aspecto.

Opinión del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo dejó clara su postura sobre las tasas judiciales. A diferencia de lo opinado por Rafael Catalá, el Defensor del Pueblo señaló que las tasas han tenido “una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad” de los tribunales.

En el Informe Anual del pasado año pone de manifiesto que las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales no han resultado suficientes. Ello influye negativamente en la imagen del sistema judicial y mina uno de los pilares del Estado de Derecho: “Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia”.

Por otro lado, con respecto a los registros civiles, el informe del año 2014 del Defensor del Pueblo indica que éstos se encuentran en una situación de “provisionalidad normativa”, sobre todo en las comunidades autónomas que llegaron a asumir las competencias en esta materia y que esperan que estas funciones dejen de ser desempeñadas por los juzgados.

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