Como si tratase de un baile de carnaval, el Gobierno lleva una pintoresca careta cuando le toca hablar de las víctimas de accidentes de tráfico. Pero, debajo, encontramos una incomprensible sonrisa diabólica. Detrás de las campañas de concienciación, de impacto, de toda la imagen social que se quiere dar, existe una cruda realidad: las víctimas cada vez tienen más problemas para ver resarcidos sus daños; cada vez más ninguneadas. A la hora de la verdad, el Gobierno se aparta de las víctimas y juega a favor de otros, como las aseguradoras, o en su propio beneficio directo, según le convenga.
De un tiempo a esta parte hemos asistido a despropósitos como la reducción del importe de las indemnizaciones, la supresión de los Juicios de Faltas, el descontrolado colapso de los Institutos de Medicina Legal Forense (en centros como el de Madrid, el de Barcelona o el de Sevilla se ha llegado a tener más de un año de espera), la imposición de tasas y gastos (conseguir copia de algunos atestados le puede costar a la víctima hasta 300€), la fijación de límites en los tratamientos rehabilitadores y, ahora, la posible obligación de tributar las indemnizaciones acordadas mediante pacto extrajudicial.
La norma, pendiente de aprobación, contempla que tributen todas aquellas indemnizaciones obtenidas mediante acuerdo extrajudicial que no hayan sido elevadas a público a través de notario. Esto supone, inmediatamente, dos consecuencias: la primera, imponer un coste adicional a la víctima, que se suma a los ya establecidos (atestados, tratamiento rehabilitadores, gastos médicos, gastos judiciales, etc.) y, la segunda, que se produzca una avalancha de reclamaciones judiciales, pues las víctimas deberían esperar a la sentencia judicial para que la indemnización quedase exenta de tributación.
Como dijo hace unos días un famoso periodista se trata de, literalmente, “un impuesto a la tragedia, al infortunio y al sufrimiento de muchísimas familias”.
Las personas que trabajamos en primera fila junto a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias nos enfrentamos a diario a la cantidad de barreras que el Gobierno coloca en el camino hacia el resarcimiento de los daños sufridos. Pero esta propuesta no es una barrera más, sino una nítida declaración de intenciones: el sufrimiento tiene un precio, y ese precio se puede gravar. Además de ser una norma contraria a la naturaleza propia de la Ley, con un fin manifiestamente recaudatorio, estaríamos ante una absoluta falta de moral, que se suma a la cantidad de despropósitos que hemos mencionado antes, dejando a las víctimas en un irreparable desamparo legal.
Pero gracias a la rápida intervención y, por qué no decirlo, del ruido mediático, que los abogados y asociaciones de víctimas hicimos desde que se conoció la noticia, se provocó que tal norma fuese retirada de manera fulminante. Desde el Ministerio se procedió a eliminar la norma, que ya tuvo una férrea corriente en contra cuando tan solo era un anteproyecto y, ahora, cuando se publicó como proyecto, supuso un escándalo. Y no está el gobierno para más escándalos. O, quizás sí, porque va sumando de escándalo en escándalo, sin importar ya a quién se beneficia y a quién se perjudica.
Por esta vez nos hemos librado del despropósito y las indemnizaciones continuarán exentas de tributar. Pero ya estamos preparándonos, con un incontrolable tembleque en las manos, para ver cuál será la próxima genial idea de los que se llenan la boca hablando de las víctimas pero que no se han sentado a vivir el día a día con ellas.